Es lamentable que algunos de medios de comunicación se conviertan en partidos políticos y en esa función conviertan hechos delictivos, racistas; y hechos documentados, terroristas y corrupción en persecución política.
Los bolivianos y bolivianas que vivimos en el exterior estamos bien informados del proceso democrático en Suramérica, y en Bolivia en particular, y es la razón principal de exigir a El País, de España, dejar de manipular e inventar noticias y dedicarse a la función principal de un medio que es informar.
De manera particular nos sentimos obligados a actuar, por la “noticia” tergiversada de la periodista Mabel Azcui, publicada el 23 de noviembre del presente año. Dicho artículo es una manipulación, mentirosa, que entre otros dice que los opositores a Evo Morales son objetos de persecución política.
Lamentando la desinformación malintencionada del periódico, compartimos datos, veredictos, recomendamos, además, a los periodistas ver el documental de Javier Horacio y Cesar Brie: Humillados y ofendidos, que recoge uno de los hechos más nefastos de estos ultimos años, o tomar parte de los análisis de Alberto Montero profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
El 24 de mayo del 2008 en la ciudad de Sucre, Bolivia, se repitió el eco fascista de hace 518 años; y la herencia horrorosa de la invasión española se hizo sentir una vez más. Los enemigos políticos de Evo Morales no son solamente los partidos de la oposición, ante todo son los empresarios privados, acostumbrados a saquear y no reconocer la igualdad de los ciudadanos.
En cambio apoyaron en muchas oportunidades planes maquiavélicos a los golpes sucesivos de Estado; a estos actores nunca les molesto el sistema apartheid que negaba sus derechos al 60% de la población boliviana.
Durante el 2007, los asambleistas elegidos por voto popular tenían como tarea el consensuar una nueva Carta Magna para refundar Bolivia. Al mismo tiempo la prensa internacional mostraba una imagen de una Bolivia quebrada por las epitetadas “políticas indigenistas o populistas” del gobierno de Evo Morales Ayma, sin embargo el latino barómetro del año 2007 mostró que el 60% de la población boliviana apoyaba la gestión del gobierno de Evo Morales Ayma.
La razón principal del apoyo al gobierno de Evo Morales Ayma —según latino barómetro 2007— fue que Bolivia es el país de América Latina en donde más ha avanzado el apoyo a la democracia por parte de la población. Del 49% en 2005 al 67% en 2007.
Es más, la confianza en el sistema democrático, de que es el mejor sistema de gobierno, aumento 20 puntos desde el 2005 y llegó durante el 2007 al 81%. Y, más aún, la percepción de la población de que Bolivia es un país cada día más democrático ha ido en ascenso desde la llegada al gobierno de Evo Morales, al extremo de que en las últimas elecciones (de diciembre de) 2009, consiguió el apoyo con dos terceras partes del soberano con un record histórico de votantes.
En Bolivia los procesos de las acusaciones están a cargo del Poder Judicial que por cierto tardó mucho en cumplir con su tarea; los imputados son acusados después de los sucesos terroristas y racistas, entre 2007 y 2008. Lo que Mabel Azcui omite en su articulo es estipular cuáles son las acusaciones en contra los supuestos “perseguidos”. Al momento de los hechos que imputan a Jaime Barrón, la Prefectura de Chuquisaca estaba a cargo de David Sánchez, del MAS; la oposición amedrentó a Sánchez al extremo de que el optó por huir a Perú después de lo acontecido en noviembre del 2007.
El articulador principal del terrorismo en Sucre fué el “Comité interinstitucional”, usando como su brazo armado a la “Juventud Cruceñista” y grupos organizados en la Universidad San Francisco Xavier.
