Una noche del verano de 2008, las esposas de algunos parlamentarios iraníes comenzaron a recibir llamadas telefónicas.
“¿Le importaría que me casara con su esposo, tan sólo por una semana?”, preguntaba la voz femenina al otro lado del teléfono.
Las mujeres que llamaban argumentaban que tener otra esposa es un derecho del varón según la religión musulmana. Si accedían a ello, las esposas de los parlamentarios estarían realizando una buena acción según el islam. La reacción de algunas de las esposas fue colgar el teléfono asustadas.
No obstante, lo último que pretendían las mujeres que realizaron las llamadas era casarse con los parlamentarios iraníes. En realidad, eran activistas de los derechos de las mujeres contrarias a la polémica “Ley de Protección Familiar” propuesta por el gobierno en 2007.
Las activistas afirman que descubrieron que al menos 65 varones del Parlamento iraní, compuesto por 290 miembros, tenían dos o más esposas. A pesar de que la poligamia infringe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Irán. El artículo 23 establece que los Estados deben garantizar que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos al casarse o con la disolución del matrimonio.
Si la “Ley de Protección Familiar” se aprobase, los derechos de las mujeres iraníes se verían aún más limitados, ya que se permitiría que los varones tuvieran hasta tres esposas más sin necesidad del consentimiento ni el conocimiento previo de la primera esposa. En la actualidad, la legislación iraní permite que los varones musulmanes tengan hasta cuatro esposas, pero sólo después de obtener la orden de un tribunal en la que se demuestre que cuenta con el permiso de la primera esposa y que puede tratar a todas por igual. Para las mujeres que dependen por completo de los ingresos de su marido, compartirlos con una segunda, tercera o cuarta esposa puede suponer graves dificultades económicas.
