Desde que a mediados de febrero un movimiento popular se ha opuesto a la continuidad del gobierno no democrático de Bahréin, las autoridades han emprendido una dura represión, que ya se ha cobrado la vida de por lo menos veinte personas y ha herido a más de 300.
Ahora, el gobierno de ese país del Golfo Pérsico ha colocado como blanco de sus ataques a las trabajadoras y trabajadores que participan de las protestas, realizando despidos en masa y amenazándolos con el uso de otras formas de violencia.
Por su parte, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, indicó que había expresado su preocupación a las autoridades de Bahréin con respecto a la discriminación contra dirigentes y afiliados de la Federación General de Sindicatos de Bahréin (GFBTU), y urgió al gobierno a respetar las libertades de las y los trabajadores.
Parte de las declaraciones de Somavia se hicieron eco de las denuncias de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, y que recientemente reveló los abusos cometidos contra trabajadores y trabajadoras, que por participar de las manifestaciones en contra del régimen han sido reemplazados por trabajadores no huelguistas, a veces migrantes que se encuentran en extrema situación de vulnerabilidad.
“El movimiento sindical internacional está sumamente preocupado por el considerable número de trabajadores, sindicalistas y activistas que se encuentran a presente severamente penalizados por las autoridades de Bahréin por tan sólo haber ejercido su derecho legítimo a la libertad de expresión, y por haber participado en manifestaciones pacíficas y haber hecho huelga en respuesta a la convocatoria de la central sindical GFBTU, convocatoria ampliamente apoyada por los trabajadores”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, en un comunicado emitido por dicha federación. “Estos despidos son una verdadera forma de depuración política en el trabajo. Es totalmente inaceptable e ilegal”, agregó.
Según difundió esta semana la CSI, alrededor de 300 trabajadores fueron despedidos por participar en la huelga y en las manifestaciones a favor de la democracia, principalmente en las empresas Alba (Aluminium Bahrain BSC), Gulf Air y el puerto marítimo Khalifa (gestionado por la terminal APM). Además, Alba amenazó con tomar acciones legales contra los trabajadores.
Otras empresas también llevarán a la corte a dirigentes sindicales por “incitar a los trabajadores y a los empleados a participar en la huelga general”. La represión también se extiende al ámbito universitario, en donde los representantes de los docentes han sido arrestados, así como también se ha interrumpido el pago de ciertos docentes y se ha arrestado y suspendido la beca a varios estudiantes que participaron en las movilizaciones.
“Tras la deplorable masacre humana de las últimas semanas, [los despidos] equivalen a una masacre económica adicional para la población”, sentenció la CSI.
