Más de seis millones de hectáreas de tierras de Uruguay fueron comercializadas de 2000 a 2009 y más de la mitad pasaron a manos de extranjeros, en un país que tiene 16 millones de hectáreas cultivables. La creciente demanda por terrenos, principalmente para los agronegocios, llevó a un aumento escandaloso del precio de ese bien productivo.
En 2002, en medio de una grave crisis económica del país, el valor medio de la hectárea era de 386 dólares. En el segundo trimestre de 2010 la cifra ascendió a 2.650 dólares. Los números son del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Este fenómeno preocupa al gobierno uruguayo. Citado por Valor Económico de Brasil, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Andrés Berterreche, consideró que a un país como Uruguay, muy pequeño, la compra de grandes cantidades de tierras “por cinco o seis empresas” lo puede transformar en un “oligopolio de producción”.
El senador Jorge Saravia, del oficialista Frente Amplio, estima que el 25 por ciento del aŕea agrícola nacional está controlada por extranjeros, principalmente argentinos y brasileños.
Dentro del sector de los agronegocios se destaca el gran crecimiento de la producción de soja en el país, transgénica, que hoy ocupa unas 850.000 hectáreas y se estima que rondaría el millón en 2011. En tanto, los monocultivos forestales para la industria de la celulosa ya ocupan un millón de hectáreas. En este sector se destacan capitales finlandeses, suecos, chilenos y estadounidenses.
La preocupación del gobierno uruguayo nace del propio presidente José Mujica, especialmente luego de confirmar el interés de inversionistas chinos que tienen como socios a sus gobiernos. Mujica encomendó a varios parlamentarios, entre ellos Jorge Saravia, que pusieran en marcha una propuesta normativa que restrinja la venta de tierras a extranjeros.
Según Valor Económico, Saravia dijo que en los próximos meses se presentará un proyecto de ley. “Tenemos que prevenir, mire lo que está pasando en África”, dijo a su turno Berterreche, quien cree que es necesario poner en vigencia la Ley de Sociedades Anónimas para frenar la extranjerización de la tierra.
Esa norma prevé que sólo las personas físicas pueden ser propietarias de tierras, pero está en moratoria hasta mayo de 2011 porque “la cantidad de casos excepcionales era tan grande que no se conseguía aplicar efectivamente la ley”, según explicó Berterreche. Esos casos excepcionales permiten que determinadas empresas sí puedan comprar tierras. Otras fuentes del gobierno confirmaron a este periodista que se firman excepciones continuamente, lo que se haría a pedido del Ministerio de Economía.
Berterreche manifestó que “siempre fuimos muy liberales en la adquisición de tierras, pero llega un momento en que eso pone en riesgo las actividades de la agricultura familiar”.
No le faltan motivos al jerarca del Instituto Nacional de Colonización para estar muy alerta y activo con este tema. La gran demanda de tierras ha llevado al aumento de sus precios y eso dificultó la misión del instituto gubernamental, que es evitar la concentración de la propiedad, fomentar la pequeña agricultura y ordenar la ocupación del área agrícola. “En la competencia por la compra de las tierras, la relación entre el presupuesto del Instituto Nacional de Colonización y los fondos de inversiones y grandes empresas es muy desigual”, se lamentó Berterreche.
No hay comentarios:
Publicar un comentario