La ley 11 que protege los recursos hídricos, mineros y ambientales en la comarca indígena ngöbe buglé, la cual crea un régimen especial según los intereses negociados con el gobierno panameño, comenzó a regir hoy. El nuevo dispositivo legal, promulgado por el Ejecutivo y publicado en la Gaceta Oficial, es el resultado de casi un mes de complicadas discusiones entre los ngöbes y el gobierno que surgieron a la revuelta, cierres de calles y muerte de tres indígenas por la represión policial. La ley ordena la cancelación de todas las concesiones para proyectos mineros, así como la alteración del cauce o cabeza de los ríos comarcales, y la apropiación privada de los afluentes dentro del territorio ngöbe.
También establece que cualquier propuesta hidroeléctrica que toque total o parcialmente los linderos de la comarca o sus áreas anexas, deberá contar con el aval del pleno del Congreso Comarcal, Regional o Local, dependiendo de su envergadura.
Además deroga el artículo 48 de una moción que dio cuerpo legal a la comarca Ngöbe Buglé en 1997, así como la Ley 41 de agosto de 1975 que creó una empresa estatal para explotar los yacimientos de cobre en Cerro Colorado, uno de los más grandes del mundo.
Sin embargo, una parte de las indígenas está en contra del acuerdo con el gobierno y objeta la nueva ley que considera insuficiente. También está aún en negociación el futuro de la hidroeléctrica Barro Blanco, rechazada por la comarca.
Además deroga el artículo 48 de una moción que dio cuerpo legal a la comarca Ngöbe Buglé en 1997, así como la Ley 41 de agosto de 1975 que creó una empresa estatal para explotar los yacimientos de cobre en Cerro Colorado, uno de los más grandes del mundo.
Sin embargo, una parte de las indígenas está en contra del acuerdo con el gobierno y objeta la nueva ley que considera insuficiente. También está aún en negociación el futuro de la hidroeléctrica Barro Blanco, rechazada por la comarca.
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