A casi 18 meses de la Masacre de Bagua, que dejó un saldo de 33 muertos, las condiciones que llevaron al enfrentamiento continúan activas. El gobierno vetó la ley que daba el derecho a veto de los pobladores para la explotación de recursos.
Perú parece encontrarse en una encrucijada, desde que en 1993 el entonces presidente Alberto Fujimori adhirió al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT. De un lado están los beneficiarios, pobladores originarios que reclaman voz y voto, y del otro el poder corporativo, representado por un puñado de poderosas multinacionales.
El avance sobre tierras ocupadas históricamente por indígenas creció en los últimos años. “Los altos precios del petróleo y del gas, así como su progresiva demanda internacional, han generado un creciente interés por explotar estos recursos en zonas que antes no eran consideradas rentables para las empresas, debido a su alto costo de exploración, extracción y transporte desde la cuenca amazónica al litoral peruano, para consumo interno o exportación a otros países”, explica el informe de una ONG, la Intermón Oxfam. El documento acusa al gobierno de haber hecho una aplicación superficial del convenio de la OIT, por lo que las empresas actúan sin obstáculos.
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