De 2002 a 2014 se contabilizaron 477 asesinatos de líderes ambientales y sociales en Brasil, lo que lo convierte en el país más peligroso del mundo para ser activista, según información difundida por La Vía Campesina.
En 2014 particularmente, hubo 36 ultimaciones de dirigentes en ese país y en el período 2005-2014 los conflictos por la tierra dejaron un saldo de 328 asesinatos, según datos que La Vía Campesina atribuye a la brasileña Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Este fue uno de los temas tratados en el IV Congreso Nacional de la CPT, que se realizó del 12 al 17 de julio en el municipio de Porto Velho, capital del estado de Rondônia, en el marco de las celebraciones por los 40 años de la Comisión.
Siempre según La Vía Campesina, los participantes en el Congreso debatieron sobre acciones urgentes para hacer frente a la violencia contra los trabajadores rurales, “causada por la creciente concentración de tierras en pocos propietarios y los agronegocios, dos características de la realidad territorial brasileña”.
La CPT fue galardonada en 1991 con el Right Livelihood Award, también conocido como “Premio Nobel Alternativo”, por su sostenida campaña en favor de la justicia social y el respeto a los derechos humanos de los pequeños productores y los sin tierra brasileños.
En abril de 2015 un informe de la organización internacional Global Witness denominado “¿Cuántos más?” expuso un aumento del número de activistas asesinados, con particular incidencia en las comunidades indígenas. El trabajo estableció que en 2014 al menos 116 defensores del medio ambiente y la tierra murieron asesinados: la mayoría en Brasil (29), Colombia (25), Filipinas (15) y Honduras (12).
Del total de las víctimas, 47 eran integrantes de algún grupo indígena. Asimismo, el año pasado se disparó el número de asesinatos relacionados con proyectos hidroeléctricos, mientras que las disputas por la tierra fueron el trasfondo de la mayoría de las muertes.
Finalmente, otro de los datos importantes que arroja el trabajo de Global Witness es que hay muy poca información disponible al público que confirme quiénes son los presuntos autores de esos asesinatos. Sin embargo, la organización encontró que de los casos bien documentados, diez involucraron como responsables a grupos paramilitares, ocho a la Policía, cinco a guardias de seguridad privados y tres al Ejército.
Imagen: encontrarte.aporrea.org
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