Guatemala: gobierno tras internacionales acompañantes de comunidades en lucha

La presencia en Guatemala de organizaciones de acompañamiento a los conflictos en los que están en juego los Derechos Humanos, la defensa del medio ambiente y los territorios viene incomodando crecientemente a la administración del Partido Patriota, encabezada por el presidente Otto Pérez Molina.

Los ataques han sido continuos, oficial u oficiosamente por parte del gobierno guatemalteco, a partir de su esquema de militarización del Estado y del territorio en beneficio de la entrada de los proyectos de explotación de la naturaleza. En los últimos meses los ataques y agresiones han aumentado de cantidad y de intensidad, llegándose a negar la renovación de visa de residencia para integrantes de organizaciones internacionales con varios años de presencia en Guatemala.
Tal fue el caso de dos integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz, quienes acompañaron y denunciaron internacionalmente la represión llevada adelante por el gobierno para neutralizar la resistencia a una explotación minera de la empresa canadiense EXMINGUA en las cercanías de la ciudad capital. La decisión fue revocada esta semana, pero la amenaza tácita o explícita a los internacionales acompañantes está vigente, comentaron en entrevista con Radio Mundo Real los miembros de Aj Noj Protection International Guatemala, Ilaria Tosello y Xabier Zabala.
A pesar de regir los Acuerdos de Paz en Guatemala desde 1996, los ataques a defensores y defensoras de DDHH se han incrementado dramáticamente desde entonces, en especial tratándose de mujeres y de conflictos que involucran a la tierra y los territorios indígenas, señala Xabier en la entrevista.
Ilaria por su parte indicó que en el caso de las defensoras de DDHH, al tener un papel activo dentro de una sociedad agudamente patriarcal, rompe con el “modelo” y por ende se coloca en mayor riesgo que los luchadores varones.
“Cuando hablan de los extranjeros que ‘manipulan’ las movilizaciones, confirmamos que los mismos tienen un fuerte componente racista”, al minimizar el rol de las comunidades indígenas en las resistencias.
En la división internacional del trabajo, Guatemala parece predestinada para depender de la extracción y venta de materias primas y recursos naturales en estado puro o transformado en energía. Ello, en un país con más del 60 por ciento de la población asentada en comunidades indígenas rurales, genera un conflicto y una gravedad de las violaciones a los DDHH que hace necesaria la presencia de organizaciones internacionales, insistió Xabier al reflexionar sobre el rol que juegan los y las defensores y defensoras de los DDHH dentro del territorio guatemalteco.
La defensa de los DDHH “es una defensa que está globalizada, que a todos nos incumbe y que a todos nos repercute”, por eso “estamos aquí no desde ahora sino desde siempre”, indicó el activista humanitario de origen vasco.

La presencia en Guatemala de organizaciones de acompañamiento a los conflictos en los que están en juego los Derechos Humanos, la defensa del medio ambiente y los territorios viene incomodando crecientemente a la administración del Partido Patriota, encabezada por el presidente Otto Pérez Molina.

Los ataques han sido continuos, oficial u oficiosamente por parte del gobierno guatemalteco, a partir de su esquema de militarización del Estado y del territorio en beneficio de la entrada de los proyectos de explotación de la naturaleza. En los últimos meses los ataques y agresiones han aumentado de cantidad y de intensidad, llegándose a negar la renovación de visa de residencia para integrantes de organizaciones internacionales con varios años de presencia en Guatemala.
Tal fue el caso de dos integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz, quienes acompañaron y denunciaron internacionalmente la represión llevada adelante por el gobierno para neutralizar la resistencia a una explotación minera de la empresa canadiense EXMINGUA en las cercanías de la ciudad capital. La decisión fue revocada esta semana, pero la amenaza tácita o explícita a los internacionales acompañantes está vigente, comentaron en entrevista con Radio Mundo Real los miembros de Aj Noj Protection International Guatemala, Ilaria Tosello y Xabier Zabala.
A pesar de regir los Acuerdos de Paz en Guatemala desde 1996, los ataques a defensores y defensoras de DDHH se han incrementado dramáticamente desde entonces, en especial tratándose de mujeres y de conflictos que involucran a la tierra y los territorios indígenas, señala Xabier en la entrevista.
Ilaria por su parte indicó que en el caso de las defensoras de DDHH, al tener un papel activo dentro de una sociedad agudamente patriarcal, rompe con el “modelo” y por ende se coloca en mayor riesgo que los luchadores varones.
“Cuando hablan de los extranjeros que ‘manipulan’ las movilizaciones, confirmamos que los mismos tienen un fuerte componente racista”, al minimizar el rol de las comunidades indígenas en las resistencias.
En la división internacional del trabajo, Guatemala parece predestinada para depender de la extracción y venta de materias primas y recursos naturales en estado puro o transformado en energía. Ello, en un país con más del 60 por ciento de la población asentada en comunidades indígenas rurales, genera un conflicto y una gravedad de las violaciones a los DDHH que hace necesaria la presencia de organizaciones internacionales, insistió Xabier al reflexionar sobre el rol que juegan los y las defensores y defensoras de los DDHH dentro del territorio guatemalteco.
La defensa de los DDHH “es una defensa que está globalizada, que a todos nos incumbe y que a todos nos repercute”, por eso “estamos aquí no desde ahora sino desde siempre”, indicó el activista humanitario de origen vasco.