Los castigos corporales han vuelto a las escuelas de Florida. Desechados hace cuatro años, han resurgido de nuevo en un condado, donde las autoridades escolares creen que ha habido "un incremento en las indisciplinas en las clases".
La iniciativa fue aprobada el martes por la junta escolar del condado de Marion, al norte de Florida, un región generalmente considerada de hábitos conservadores, con una población mixta de blancos y negros donde la presencia de hispanos se ha elevado en los últimos años, principalmente de personas que han llegado del sur del estado, intentado escapar al alza del costo de vida en el área metropolitana de Miami.
De momento, el castigo corporal se restringe a los alumnos de la enseñanza primaria y solo puede ser aplicado con el permiso expreso de los padres, quienes deberá firmar un documento todos los años autorizándolo.
También, sólo puede ser aplicado por el director de la escuela, en un lugar privado y delante de dos testigos. La junta escolar no definió en que circunstancias se puede aplicar el castigo pero decidió que consistirá en una 'palmada' en una de las manos y solo puede ser aplicado una vez por semestre. Pero no es de obligatorio cumplimiento y los directores de las escuelas siempre pueden buscar una alternativa. De todos modos, como señala a ELMUNDO.es la psicóloga infantil Elena López, "es un retroceso".
"Pensaba que ya habíamos sobrepasado esa etapa. No creo que sea benéfico para los niños", explica. En su opinión, aunque sea aplicada una sola vez por semestre, dos veces por año, la 'palmada' tiene consecuencias serias.
"Los alumnos van a comenzar a tener miedo de los maestros, que son quienes informan los directores de la indisciplina. Y los directores también van a comenzar a ser odiados. Lo peor de todo es que lo quieren aplicar en un momento importante del desarrollo infantil, cuando el niño aprende a confiar en los adultos y en el espíritu de justicia", explica la psicóloga.
El año 2009, las autoridades escolares de Florida recomendaron la abolición del castigo corporal y varios grupos protectores de la infancia llevaran el caso al tribunal supremo del estado, en un intento de obligarlo a consignar en una ley la prohibición de aplicarlo. Pero el tribunal se desentendió del asunto.
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