martes, 18 de octubre de 2011

Con Renaldo Chingore Joao (Mozambique), de La Vía Campesina África

En Mozambique la protección de los campesinos a ser desplazados de sus tierras se encuentra únicamente en el papel y no es respetado en los hechos violentando los derechos fundamentales de las comunidades rurales; de ahí la trascendencia de las Directrices que impulsa el movimiento social.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y un conjunto de empresas multinacionales hace tiempo que tornaron sus miradas al continente africano donde vienen fomentando la concentración de grandes extensiones de tierras ya sea para agricultura, minería o bien especulación.
“Todos ellos usan un discurso en el que dicen que vienen a generar empleo y eso no es verdad. Vienen y lo que ocurre es que expulsan a las poblaciones... claro que hay muchas formas de expulsar”, reflexiona en diálogo con Radio Mundo Real Renaldo Chingore Joao de Mozambique.
En Mozambique, después de la guerra de independencia (1964-1975), la regulación establece que la tierra es propiedad del Estado y que éste debe proteger a sus ocupantes, a los campesinos, por lo que ante cualquier cambio en el uso del suelo las comunidades deben ser consultadas informadamente.
“Eso no se cumple hoy, la ley se encuentra vaciada, ignorada”, reflexiona Renaldo que integra el Comité Coordinador Continental (CCI) de La Vía Campesina Internacional y la delegación de esa federación campesina presente por estos días en Roma.
Minería, desforestación para cultivo de especies forestales industriales -pino y eucalipto-, cultivos para agrocombustibles como jatrofa o palma africana son los principales destinos de las tierras enajenadas a empresas y Estados extranjeros.
La resistencia actualmente existe por parte de las comunidades, dice Renaldo y comenta el caso de un grupo de campesinos de su país que tras varias exhortaciones a la Justicia para que los proteja finalmente debieron destruir los cultivos que se habían realizado por parte de empresas en sus tierras, por lo cual terminaron en prisión.
“Algunas empresas dicen que entregarán otra tierra para el trabajo de las comunidades, pero olvidan que las condiciones cambian completamente. Por ejemplo porque los campesinos ya tienen sus casas, sus construcciones, han trabajado y tornado fértil una tierra que no lo era y ahora están obligados a abandonarla”, indica Renaldo.
“Nuestro principal desafío es que nos respeten el derecho a construir nuestra soberanía alimentaria, para lo que es necesario participar en la definición de las políticas agrícolas en cada país”, agrega.
Renaldo formó parte de la representación del movimiento campesino en las negociaciones efectuadas esta semana en Roma hacia el consenso de un conjunto de Directrices Voluntarias (DV) sobre uso y tenencia de la tierra y otros bienes naturales comunes.
Aunque consideró lo alcanzado -aproximadamente un 70 por ciento de las recomendaciones que integran las DV- como muy importante, puso el énfasis en las movilizaciones necesarias a nivel nacional y global hacia su implementación.


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