El gobierno y sectores indígenas que se oponen a una reforma minera, lograron un consenso para suspender las protestas y emprender un diálogo que tendrá como mediadora a la Iglesia Católica.
El presidente Ricardo Martinelli anunció el lunes que el pacto se alcanzó en una reunión en la que participaron representantes indígenas, de la iglesia y de su gobierno, celebrada la víspera en la occidental localidad de San Félix, uno de los focos de protestas y bloqueos de carretera.
"Anoche (domingo) se firmó un acuerdo entre el gobierno, la Comarca y la iglesia... lamentamos sinceramente que hubo tranques y todo lo que sucedió", señaló.
Informó que el proceso comenzará el martes en San Félix y que las conversaciones tendrán como punto de partido una serie de puntos entre los que figura la creación de una ley que garantice que en las comarcas indígenas no se explotará, ni se impulsará la minería.
El pacto establece la suspensión de los bloqueos de carretera por parte de los manifestantes y el compromiso oficial de mejorar la calidad de vida en las empobrecidas zonas indígenas.
Un comunicado de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngabe Bugle advirtió el lunes que esperan que el gobierno "adopte seriedad en la discusión de los acuerdos y no sea otro mecanismo de distracción más, lo cual será terrible para la paz y el sosiego de la nación".
Los indígenas cesaron los bloqueos de carretera en varios tramos de la vía Panamericana que conecta a Panamá con Costa Rica y que había mantenido de manera escalonada por cinco días consecutivos.
Las protestas que derivaron en enfrentamientos entre policías e indígenas dejaron el fin de semana una veintena de heridos, entre ellos cuatro agentes policiales, y por lo menos cinco personas detenidas, confirmó la Policía.
La etnia Ngobe Bugle, de unos 260.000 miembros, rechaza la minería por temor a los daños que, según defensores del medio ambiente, conlleva el desarrollo de la minería a cielo abierto.
El gobierno asegura que las enmiendas aprobadas hace tres semanas buscan reglamentar una industria que se regía por una vieja norma de 1964, facilitar el acceso de recursos financieros a los inversionistas potenciales y llevar progreso a las zonas empobrecidas donde se impulse la actividad.
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