Ayer fue un día histórico para la lucha por verdad y justicia en Uruguay. El juez penal Rolando Vomero procesó con prisión a José Nelson Chialanza y a Miguel Ángel Dalmao por la coautoría del delito de “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.
El asesinato ocurrió en 1974 y los imputados deberán enfrentar una pena de entre 15 y 30 años de penitenciaría. Chialanza es un teniente retirado, mientras que Dalmao todavía era el jefe de la División de Ejército IV, y es el primer militar en actividad procesado en Uruguay por crímenes cometidos durante la última dictadura, que se mantuvo en el poder entre 1973 y 1985.
La sentencia judicial irrumpió en el marco de un debate nacional, ya demasiado prolongado en el tiempo, sobre la necesidad de erradicar del mapa jurídico la Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en dos oportunidades y condenada por organismos internacionales.
El caso de Sabalsagaray, una profesora de Literatura que tenía 24 años cuando fue asesinada mientras era torturada, fue excluido de la Ley de Impunidad en 2005, pero luego de tres años la Justicia descartó esa posibilidad y terminó archivando la denuncia.
Luego la fiscal Mirtha Guianze presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ, que falló favorablemente en octubre de 2009, lo que habilitó el posterior pedido de procesamiento de los dos militares.
En este largo proceso fue posible comprobar que Sabalsagaray falleció durante los apremios ilegales, y de esa manera fueron refutadas las teorías de los tribunales militares, que siempre hablaron de un suicidio.
Este martes 9 de noviembre, cerca del mediodía, el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales –que hasta las últimas horas ratificó su confianza en la inocencia de Dalmao-, seguía reunido con otros altos jerarcas militares para interiorizarlos sobre el proceso judicial, que ha generado malestar en filas castrenses.
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