En México, las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han alzado su voz nuevamente para poner un alto a los proyectos hidroeléctricos, en el marco de una jornada nacional e internacional por la cancelación de la represa El Zapotillo que se celebra este miércoles.
“Han comenzado a construir de manera ilegal la cortina de 105 metros de altura de la represa El Zapotillo para el almacenamiento de agua y trasvase del Río Verde, impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para favorecer los intereses particulares de empresas en las Ciudades de León y Guadalajara, sin contar con los permisos de impacto ambiental, patrimonio cultural y uso de suelo correspondientes y sin haber obtenido el consentimiento libre e informado de los afectados”, señala un comunicado difundido por Otros Mundos, Amigos de la Tierra México.
En él se indica que lo que se pretende es inundar a las comunidades, afectando directamente a mil habitantes y a 15.000 indirectamente, frente a lo que el gobierno responde con “desprecio e imposición”. Asimismo, se indica que varios integrantes de los pueblos, periodistas y defensores de derechos humanos han sido amenazados por oponerse al proyecto.
“El gobierno mexicano y la CONAGUA, además de amenazar los derechos humanos, el derecho a la vivienda, a la seguridad y la legalidad jurídica, a la alimentación, al medio ambiente sano, a la salud, al trabajo y muchos otros, reconocidos por la Constitución Mexicana y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, como las recomendaciones emitidas por la Comisión Mundial de Represas hace más de diez años, decide continuar en la total ilegalidad”, se indica en el comunicado, en el que se agrega: “con esta obra, seguirán aumentando los gases efecto invernadero que provocan las represas”.
Ante ello, se exige la cancelación definitiva de la represa El Zapotillo, que se suspenda de manera inmediata la construcción de la cortina, las obras de la reubicación de los pueblos y el hostigamiento a las comunidades, y que se investigue y castigue conforme a la ley a los funcionarios públicos de la CONAGUA y a todo responsable estatal y federal del desacato, de la ilegalidad y la corrupción que ha desatado la obra.
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