La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, está instando a dar una lucha contra lo que ella ha calificado como “grupos radicales” que se oponen al desarrollo de este país centroamericano. Lo expresó claramente en la Cámara de Ganaderos, a raíz del establecimiento del área protegida Maquenque: en un discurso realizado en San Carlos el pasado 2 de noviembre.
En esa intervención, quedó reflejada la criminalización que sufren las organizaciones y comunidades que defienden sus territorios.
Por otra parte, Chinchilla dejó clara su posición respecto a la construcción del aeropuerto en fincas 9 y 10, localizadas en el Valle de Diquís, en Sierpe de Osa. En esa zona de Costa Rica se pretende, además, instalar un megaproyecto hidroeléctrico que inundará gran parte del territorio indígena terraba (http://radiomundoreal.fm/Mala-fe).
El área que ocupará este aeropuerto está habitada por cuarenta familias campesinas que están en ese lugar desde hace más de 20 años, y que han sufrido varios intentos de desalojo en los últimos años.
Este proyecto de interés nacional y utilidad pública afectará al mayor humedal de Costa Rica, con más de 1600 hectáreas. De esa riqueza natural dependen once comunidades dedicadas a la pesca artesanal.
La obra del aeropuerto, según sus impulsores, incentivará el turismo industrial y permitirá el progreso de estos pueblos de pescadores. Además de su riqueza arqueológica y cultural, en este lugar está alojado el 2% de la biodiversidad mundial.
Estas dos obras de infraestructura han sido cuestionadas por organizaciones ambientalistas y estudios académicos. Entre otras cosas, recuerdan que el desarrollo del “turismo industrial” en la zona del Pacífico Norte ya ha provocado el desplazamiento de comunidades pesqueras y grandes impactos sobre la biodiversidad. También ha generado escasez de agua potable para consumo humano.
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