El presidente Raúl Castro lanzó el desafío: anunció la implementación de medidas que la realidad impone a un país en crisis y que continúa resistiendo al bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Los cubanos responden.
No hay cola de guagua (como se le dice acá al colectivo), ni encuentro domestico y público, tanto de paseo por el Malecón como en el mercado, o aun en el estadio de pelota o béisbol −el deporte nacional y masivo de los cubanos− en los que el tema predominante no sea la discusión acerca de lo que hay que hacer en este país en materia de organización económica. Hasta los más remisos por estar en contra del gobierno, y los más testarudos en su defensa, se han largado a hablar: las sucesivas intervenciones del líder Fidel Castro, en el sentido de que hay que hacer reformas importantes para sobrevivir, dieron luz verde al debate, casi como nunca antes.
Claro que, según el proyecto impulsado por Raúl Castro, las reformas económicas que están sometidas a debate tienen como premisa que “sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución”; que “en la actualización del modelo económico primará la planificación y no el mercado’’. Sin embargo, se anuncian nuevas formas de gestión no estatal, como empresas mixtas, cooperativas y otras formas que presuponen una creciente apertura hacia la actividad privada y a la contratación de mano obra conforme a esos nuevos parámetros.
Desde el año 2004 circulan dos monedas en Cuba. El peso nacional y el CUC, signo que cumple las funciones de divisa extranjera, con cotización fija por ley en dólares y euros. A tasa oficial, un CUC equivale a 25 pesos cubanos y a 80 centavos de dólar. El salario promedio en este país ronda los 450 pesos moneda nacional y buena parte de los productos de consumo habitual cotizan en CUC, lo que ofrece problemas en el rinde de los ingresos familiares y obliga a que casi todos se vean obligados a conseguir actividades proveedoras de divisa. Sin lugar a dudas, el origen fundamental de ese flujo está dado por las remesas familiares, procedentes del exterior, fenómeno similar al que registran muchos países latinoamericanos; entre ellos México y su poderosa economía.
Funcionarios oficiales admiten que las reformas previstas, y sobre la cuales el gobierno espera un amplio debate, prevén la abolición del actual sistema de dos signos, y la implementación de una moneda única. Reconocen que se trata de una necesidad técnica pero también de una demanda popular, tendiente a evitar asimetrías sociales.
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