Organizaciones políticas y sociales de Argentina reclamaron hoy que se garantice el cumplimiento de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, aprobada hace casi un año en el Parlamento y frenada por diversos fallos judiciales.
Bajo la consigna "La Ley de Medios es para todos, para los monopolios también", los manifestantes se concentraron frente al Obelisco de Buenos Aires y desde allí marcharon hacia la sede los tribunales, donde hicieron un acto.
Luis Lázaro, coordinador de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (organismo de control), consideró que las medidas cautelares dispuestas por jueces del interior del país "buscan comprar tiempo y apuestan al desgaste político y a un recambio del Gobierno".
"(Los grandes grupos multimedia) Quieren recuperar las condiciones que han tenido históricamente, a partir de oscuras negociaciones con los Gobiernos de turno, impidiendo que el Congreso avanzara con una ley", destacó.
Por su parte, el titular de la Federación Argentina de Radios Comunitarias y miembro del Consejo Federal de Radiodifusión, Néstor Busso, explicó que la manifestación tiene como objetivo "reforzar el poder de la Corte Suprema", que tiene bajo estudio una de las causas presentadas en contra de la aplicación de la norma.
"Hoy salimos a la calle para reforzar el poder de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el máximo tribunal del país tiene toda la fuerza y todo el apoyo popular para hacer cumplir la ley", indicó.
El titular de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, sostuvo que la marcha no pretende "presionar a los jueces" sino que es "a favor" de la nueva normativa, que sustituyó a otra que databa de la última dictadura (1976-1983).
"Venimos a reclamar que la Justicia sea para todos", consideró Mariotto.
El Gobierno argentino ha ratificado que los grandes grupos multimedia del país deberán desprenderse de canales y radios en el plazo de un año para adecuarse a la nueva Ley de Medios Audiovisuales, cuya reglamentación puso en vigor el pasado día 1 de septiembre a pesar de fallos judiciales que han frenado esa normativa.
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