En Perú, y en lo que terminó siendo un acontecimiento histórico, el Congreso aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que establece una moratoria de diez años para los productos modificados genéticamente.
Cuando la normativa termine de reglamentarse, la autoridad competente en materia de regulación de productos y semillas será el Ministerio del Ambiente.
Las principales gremiales agropecuarias y las organizaciones de pequeños productores saludaron la postura del máximo órgano parlamentario, que aprobó la normativa con 98 votos a favor y dos abstenciones, lo cual evitó una segunda votación.
“Los legisladores han actuado con sensatez y decisión. Con su voto se han sumado a la gesta nacional de defensa de nuestra biodiversidad, del agro, la gastronomía y la salud”, señaló Lucila Quintana, presidenta de la Convención Nacional del Agro (Conveagro).
En un comunicado que se difunde en el sitio de Internet de esa gremial, con fecha 3 de noviembre, se reclama como próximo paso una urgente ratificación y promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, para que “sin mayor trámite se empiece a trabajar su reglamentación”.
Ahora, según la Conveagro, será necesario un mayor involucramiento de gremios agrarios, cocineros, médicos, consumidores, colegios profesionales y gobiernos regionales “para darle garantía y sustento” a la inédita moratoria, que podría ser el primer paso de un “Sistema Nacional de Bioseguridad.
Por su parte, el presidente de la Comisión Agraria, León Rivera, también se mostró satisfecho con la decisión del Congreso peruano, y destacó que en el país existen variedades que son mucho mejores que las transgénicas.
"El caso del maíz es el más relevante. En 2004, liberamos una variedad, la variedad INIA, que puede producir 13 o 14 toneladas por hectárea de maíz industrial, frente a las 12 que nos propone un transgénico", comparó el dirigente, entrevistado por Radio Programas de Perú (RPP).
Además de establecer mayores competencias al Ministerio de Ambiente, la norma aprobada establece que los ministerios de Agricultura, Salud y Producción “tendrán la misión de vigilar, ejecutar las políticas de conservación de los centros de origen y la biodiversidad, así como controlar el comercio transfronterizo”, según informaron las agencias internacionales.
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