Los 13 municipios que conforman la región maya mam en el departamento guatemalteco de Huehuetenango acaban de declarar su territorio libre de todo tipo de megaproyectos, especialmente mineros. Los indígenas piden al gobierno nacional que respete esa decisión.
Habían sido cuatro los municipios que empezaron las consultas populares en 2006 en Huehuetenango, al noroccidente del país y en la frontera con México. Un año después el proceso ya había cubierto los 13 municipios de la región maya mam, y cuatro años más tarde, el 18 de mayo pasado, esas comunidades indígenas hacen pública una declaración en la que se declaran libres de megaproyectos.
Los 28 municipios del departamento rechazaron los grandes emprendimientos. Les preocupan especialmente los proyectos mineros e hidroeléctricos. El activista Basilio Tzoy es el coordinador de la Unidad de Incidencia de CEIBA – Amigos de la Tierra Guatemala, vive en uno de los municipios de la región maya mam de Huehuetenango, y ha seguido todo este proceso de decisiones populares de cerca. Radio Mundo Real lo entrevistó.
Junto a la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales y la Coordinadora Maya Mam, “hicimos nuestra declaración planteándole al gobierno que haga respetar las 28 consultas” del departamento, dijo Tzoy. También se le exigió a la administración que preside Álvaro Colom, agregó, que “no acepte más solicitudes para cualquier estudio hidroeléctrico o minero en la zona”.
El ambientalista explicó que las comunidades maya mam rechazan la minería por la contaminación de los ríos que provoca, del ambiente en general, y por las perforaciones de pozos que llevan a la escasez de agua. También les preocupa la conflictividad social, por las posiciones encontradas sobre los megaproyectos dentro de las comunidades, las amenazas a quienes se oponen y la criminalización de la protesta.
Además, “los recursos que sacan (las empresas) tienen mucho valor y no dejan nada para el país, mucho menos para las comunidades”, agregó Tzoy.
El 18 de febrero, el municipio maya mam de San Juan Ostuncalco, en el departamento de Quetzaltenango, también había votado abrumadoramente contra siete licencias de exploración minera otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa canadiense Goldcorp.
La mayoría de las licencias mineras en Guatemala están en manos de esa empresa, presente en varios departamentos, contó Tzoy. El caso de la mina Marlin es emblemático. Pertenece a Montana Exploradora (Goldcorp) y está ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, del departamento de San Marcos. Ese emprendimiento violó el derecho de los pueblos indígenas locales a ser consultados y a su autodeterminación, y también lesiona el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y de acceso al agua, entre otros.
Varias organizaciones sociales de Guatemala denuncian la falta de acción del estado guatemalteco para poner frenos a las empresas. Tzoy dijo a Radio Mundo Real que el gobierno nacional no reconoce las consultas populares comunitarias y que la administración de Colom ha otorgado varias licencias mineras, aunque el presidente había dicho que no lo haría antes de ser electo. El integrante de CEIBA aseguró que las transnacionales mineras e hidroeléctricas y algunos sectores de poder económico nacional han presionado al gobierno para que apruebe esos emprendimientos.
Finalmente, Tzoy contó que desde Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (que reúne a los grupos de Amigos de la Tierra de la región) se seguirá “acompañando y asesorando” a las diversas comunidades que rechazan los megaproyectos en el país. Agregó que se ha hecho un importante trabajo de posicionamiento político en el actual momento de campaña electoral, rumbo a las elecciones generales de septiembre. “A los partidos políticos les exigimos que respeten las consultas y no avalen más megaproyectos en la región”, subrayó.
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