Información procedente de Siria señala que, tras las oraciones musulmanas del viernes, miles de personas tomaron las calles de varias ciudades del país para protestar contra el gobierno de Bashar al Asad.
Al menos cinco personas murieron en la ciudad siria de Deraa, en el sur del país, durante una protesta en la que participaron aproximadamente 100.000 personas, señalan informes.
Hay reportes no confirmados de que las fuerzas de seguridad les habrían disparado a los manifestantes en las ciudades de Homs y Hama.
Testigos contactados por teléfono indicaron que al menos tres personas fueron alcanzadas por las balas en la capital, Damasco.
También se reportó que los cuerpos policiales usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se concentraron cerca de la capital.
Las restricciones gubernamentales a los medios de comunicación internacionales han dificultado las labores periodísticas en Siria e impiden que muchas de las informaciones e imágenes difundidas puedan ser verificadas.
Ley de emergenciaEl jueves, el mandatario libio derogó formalmente la ley de emergencia que imperaba en el país desde hacía 48 años.
Grupos defensores de los derechos humanos denuncian que más de 200 personas han muerto desde que se iniciaron, el mes pasado, las protestas en la nación del Medio Oriente.
El subdirector de la organización Human Rights Watch, en el Medio Oriente, Joe Stork, dijo que Asad tenía ante sí "la oportunidad de demostrar sus intenciones al permitir que las manifestaciones (del viernes) se llevaran a cabo sin violencia ni represión".
"Las reformas sólo tendrán sentido si los servicios de seguridad de Siria dejan de dispararles a los manifestantes, así como también de detenerlos y torturarlos", indicó Stork.
El gobierno sirio afirmó que está escuchando los planteamientos de los manifestantes y que el presidente está impulsando un programa de reformas.
Entre las implicaciones de la derogación de la ley de emergencia, están la abolición de los tribunales de seguridad del Estado y la posibilidad de llevar a cabo manifestaciones pacíficas.
Sin embargo, existen otras leyes que le dan amplios poderes al Ejecutivo para detener activistas y suprimir la disidencia.
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