El ex presidente y su esposa están vinculados a la empresa que debería controlar la precarización laboral en el campo. La tercerización fue digitada por el sindicato y las patronales. Sociedades y complicidades.
Por Carlos Romero
A fuerza de pruebas incontrastables y de imágenes escandalosas, en los últimos meses el campo argentino –tan fértil en granos, tan rico en sojadólares– se convirtió también en el escenario de la mayor tragedia laboral del país: la explotación de trabajadores rurales al filo de la esclavitud.
Se trata, ni más ni menos, de la reducción a la servidumbre de aquellos hombres y mujeres que, con su esfuerzo y a cambio de sueldos exiguos, hacen posible la Argentina de las cosechas récords, el país de las exportaciones millonarias, las camionetas 4x4 y las vacaciones en Punta del Este. Esos mismos peones que alimentan la billetera –y también la soberbia– de las patronales chacareras, esas que siempre van por más. Y sin que se les caiga un solo poroto.
Según los últimos relevamientos del Ministerio de Trabajo de la Nación, tranqueras adentro el campo registra un 75 por ciento de empleo irregular, superando por mucho a la media que marcan el resto de los otros sectores de la producción local, que promedian el 35 por ciento. Esto significa que en las millones de hectáreas sembradas de soja, maíz y trigo, dos de cada tres peones trabajan “en negro”, viendo vulnerados sus derechos con distintos niveles de intensidad: desde la falta de aportes sociales y seguro laboral, hasta jornadas que transcurren como si se tratara de prisioneros que cumplen tareas forzosas. Según la Afip, en este margen de informalidad se mueven cerca de 900.000 trabajadores.
Detrás de esta situación, que más indigna cuanto más opulento se vuelve el campo, se esconde una trama de complicidad sindical, empresarial y política que ampara y, al mismo tiempo, lucra con el negocio infame de la explotación rural.
Por primera vez, esta investigación de Veintitrés identifica con nombre y apellidos a las personas, organizaciones y empresas a cuya sombra crece la flexibilización de la mano de obra chacarera. Un juego cruel de connivencias que involucra a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) –el sindicato que comanda el eterno Gerónimo Venegas–; a las cuatro entidades agropecuarias reunidas en la crujiente Mesa de Enlace y al jefe del Peronismo Disidente y precandidato presidencial, Eduardo Duhalde.
El escenario principal de este entendimiento tácito es la conducción del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la polémica entidad hecha a la medida de las aspiraciones del “Momo” Venegas y las necesidades de las cámaras agropecuarias.
En el Renatre –un ente autárquico de derecho público no estatal– el Momo detenta cuatro de los ocho puestos del directorio, incluida la silla principal que él mismo ocupa, fiel a su estilo omnipresente. Los otros cuatro sillones son para los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, las Confederaciones Rurales y los cooperativistas de Coninagro.
* La nota completa en la edición impresa de Veintitrés
http://www.elargentino.com/nota-124909-medios-120-La-sombra-del-trabajo-esclavo.html
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