Desde su nacimiento, la compañía estuvo plagada de irregulariades. Fue fogoneada como uno de los estandartes del desarrollo de un proyecto nacional, pero terminó en manos de un grupo de firmas que condicionó la libertad de expresión.
El impulso de la industria papelera cobró fuerza en la Argentina en los años sesenta, especialmente a través de la producción de celulosa, la materia prima básica del sector, que no había acompañado la expansión de la producción de bienes finales (papeles y cartones). La empresa más importante era Celulosa Argentina, fundada en 1929, que producía una cuarta parte de los papeles y cartones que se consumían en el país y cerca de la mitad de la materia prima. A fines de esa década, la firma emprendió un proyecto de ampliación y la construcción de dos plantas subsidiarias en Misiones (Celulosa Puerto Piray y Alto Paraná).
No obstante, uno de los principales rubros deficitarios del sector era la producción de papel para diario, producto que se importaba casi en su totalidad. El déficit crónico de divisas que sufría la economía, y en particular el sector industrial, fue la razón por la que el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía promovió la sustitución de importaciones en ese rubro, junto con el impulso de otros grandes proyectos en el área siderúrgica, metalúrgica y química, que contarían con fuerte apoyo estatal. La idea consistía en desarrollar una planta nacional que satisficiera, al menos parcialmente, la demanda interna. Los recursos financieros para cubrir el proyecto debían por su parte surgir de fondos recaudados a partir de un recargo a los aranceles pagados por el ingreso de Papel Prensa, que entró en vigencia en 1969.
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