Tardó, costó, pero se abrió un camino distinto. Hoy, el Estado uruguayo asume su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. Serán dos momentos para un mismo fin: reparar a la familia Gelman por el asesinato y la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena. Por la mañana se colocará una placa con el nombre de las víctimas que estuvieron en el centro de tortura Servicio de Información y Defensa (SID), en la calle Bulevar Artigas. Y por la tarde, el presidente José Mujica será el orador del acto público que se realizará en el recinto de la Asamblea General y será transmitido por cadena nacional.
Un camino distinto se abrió con la sentencia de la Corte Interamericana del 24 de febrero de 2011, que responsabilizó al Estado uruguayo por el crimen de la nuera del poeta Juan Gelman, trasladada de Buenos Aires a esta ciudad en 1976 cuando estaba embarazada de seis meses. El caso es emblemático del Plan Cóndor: la coordinación de la represión de las dictaduras del Cono Sur. De acuerdo con las investigaciones periodísticas, María Claudia fue sacada del centro de detención para dar a luz y luego llevada de vuelta al SID junto a la beba recién nacida. A María Claudia la asesinaron y a su hija la entregaron a un policía y a su mujer.
Cuando Juan Gelman comenzó la incansable búsqueda de su nieta Macarena, a quien reencontró en el año 2000, el camino de la Justicia estaba cerrado en Uruguay. No tuvo ningún apoyo oficial. Y esto debido a que se había sancionado una ley en 1986 –primer año de regreso a la democracia– que impedía que fueran juzgados militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La Ley de Caducidad fue, por mucho tiempo, el gran obstáculo para dar pasos por la verdad y la justicia en este país. Fue ratificada en un primer referéndum en 1989 y diez años después fracasó una segunda consulta en la que los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda proponían su anulación. Si bien el primer presidente frenteamplista Tabaré Vázquez marcó algunos casos de violaciones a los derechos humanos por fuera de la amnistía para que sean juzgables, no avanzó en la anulación de la norma, contando con una mayoría parlamentaria. Es sabido que los dos partidos conservadores de Uruguay, Colorado y Blanco, siempre apoyaron la vigencia de dicha ley.
El fallo de la CIDH combatió la impunidad: exigió que la Caducidad deje de ser un impedimento para avanzar en el juzgamiento de los responsables en la causa Gelman y otras similares.
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