El desalojo masivo y violento iniciado el pasado martes 15 en el norte de Guatemala de unas 800 familias campesinas posesionarias de campos improductivos propiedad de una empresa azucarera reactivó la dura realidad que vive ese país centroamericano desde el punto de vista de los derechos humanos, la tenencia y uso de la tierra y la soberanía alimentaria donde las causas que generaran el conflicto armado en la década de los 70 permanecen intocadas.
Así lo reflexionó en entrevista con Radio Mundo Real desde el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz al norte de Guatemala, Daniel Pascual dirigente del Comité de Unidad Campesina de Guatemala (CUC-Vía Campesina).
El día 15, durante el desalojo de dos de las catorce comunidades ahí asentadas se registró la muerte de un joven campesino y decenas de heridos a manos de la Policía Civil, el Ejército y cuadrillas de civiles que a su vez revisten en la empresa Chabil Utzaj que reclama la propiedad de los campos.
Daniel señala que los desalojos masivos se suceden permanentemente en todo el mapa guatemalteco, donde en la actualidad existe cerca de un centenar de posesionamientos de tierras: “es un claro manifiesto de la necesidad de que haya una reforma agraria en Guatemala”, señala Daniel Pascual.
Condiciones objetivas e impunidad
Hambrunas, desempleo, migración del campo a la ciudad representan las dolorosas condiciones objetivas para el debate sobre la conflictividad agraria y la implementación de una reforma agraria en Guatemala, de lo contrario se sucederán estos hechos de violencia dado que, sostiene el dirigente campesino, no existen organismos en el Estado que velen por los derechos de las familias afectadas.
El caso del Valle del Polochic ameritó la presencia en el lugar de dos funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos lo cual, a juicio de Daniel Pascual, daría lugar a una investigación más profunda de los hechos y sus responsables. Dicha presencia, así como las denuncias internacionales cursadas, podrían evitar nuevos actos de violencia cuando aún se encuentran en el predio otras diez comunidades.
Desde Guatemala se señala asimismo que en momentos en que se concreta el desalojo, con destrucción de poblaciones y cultivos, las comunidades posesionarias se encontraban en una negociación con la empresa y las autoridades de gobierno acerca del destino de esas tierras, las cuales fueron truncadas por una decisión judicial en favor de los latifundistas.
Daniel Pascual señala que situaciones como las del Valle del Polochic se fundan en una situación de extrema desigualdad, las cuales coinciden con aquellas que dieron espacio al cruento conflicto armado que golpeó al país. “Las raíces que dieron lugar al conflicto armado no fueron resueltas, tenemos situaciones graves de crimen organizado y de hecho el número de muertos por esas causas han superado a los generados en el conflicto armado”, indicó. “Son los mismos terratenientes que usaron la estrategia contrainsurgente los que tienen una actitud totalmente irracional en estos desalojos”.
El auge de los agrocombustibles en base a caña azucarera y palma africana, remarca Daniel Pascual, ha significado un nuevo empuje desde las empresas y terratenientes para negar el derecho de acceso a la tierra a los campesinos del país.
Foto: www.prensalibre.com
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