La responsabilidad social de la vacuna

En España morían a principios del siglo pasado unas 5.000 personas cada año por difteria, una grave enfermedad que afecta a las vías respiratorias y que resulta mortal para entre el 10% y el 15% de los afectados. En 1941 se registraron mil casos por cada 100.000 habitantes y poco después se inició una campaña de vacunación que logró la desaparición de la enfermedad en 1987, fecha en la que se detectó el último episodio conocido. Hasta la semana pasada, cuando se descubrió la reaparición de la bacteria en un niño de 6 años, vecino de Olot, que no había recibido ninguna de las dosis de la vacuna que corresponderían a su edad porque sus padres son contrarios a este tipo de medidas preventivas.
La reaparición de un mal que se daba por extinguido entre nosotros viene a activar el debate sobre los planes de vacunación y sus efectos que recorre algunos países, como Francia o EEUU, que ya han padecido el rebrote de 'enfermedades antiguas' que se consideraban superadas y frente a las cuales se había bajado los brazos de la prevención.
No hay duda de que las vacunas constituyen uno de los más formidables logros de la medicina y que han servido para acabar con las grandes epidemias que diezmaron a la humanidad durante siglos. Como cualquier otro tratamiento médico no están exentas de riesgos, pero es difícil sostener que estos sean superiores a los inmensos beneficios que producen, tal como aventuran quienes defienden una visión naturalista de la medicina. Para estos colectivos -en torno al 3% de la población, según los epidemiólogos- la inoculación de una sustancia inmunizante implica el riesgo de desarrollar otras enfermedades, incluso la que se pretende combatir. Médicos, científicos y autoridades sanitarias rebaten esta creencia: a la vacuna antidiftérica se le atribuye una eficacia de más del 95% con efectos mínimos.
Nada impide legalmente a una familia no vacunar a su prole apelando a la potestad paterna, pero tampoco puede ignorar que su decisión va más allá del riesgo evidente al que exponen la vida de su hijo. Su conducta amenaza también a quienes en el entorno del menor pueden resultar contagiados y, en definitiva, a la salud colectiva. Estamos ante una responsabilidad de carácter social que ese 3% de la población debe tener en cuenta. Nos la jugamos todos.
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