La huelga de hambre de los cuatro comuneros mapuches que tras 86 días llegó a su fin en la noche de este jueves y por la que perdieron entre 20 y 25 kilos por el prolongado ayuno, “poco y nada” sirvió para sus propósitos. Así lo sostuvo la directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, quien comentó tras el término de la huelga de hambre que los mapuches ”saben que lograron poco y nada para sus procesos”.
“Están conscientes de que para ellos lograron poco y nada: ellos quieren evitar que la Ley Antiterrorista siga siendo invocada para criminalizar las legítimas demandas que tiene el pueblo mapuche”, añadió Fríes, quien siempre estuvo junto a los indígenas.
Fríes manifestó a Radio Cooperativa que “en ese sentido, los comuneros estuvieron dispuestos a que sea ese el norte de la creación de esta comisión, de esta mesa de trabajo”.
Ramón Llanquileo, José Huenuche, Héctor Llaitul y Jonathan Huillical decidieron deponer la movilización tras acordarse una mesa de trabajo en la que participarán el arzobispo de Concepción, Fernando Chomali; Lorena Fríes y un alto comisionado de las Naciones Unidas, entre otros.
La decisión fue tomada tras una prolongada reunión entre los comuneros presos, sus familiares y el arzobispo de Concepción Fernando Chomalí, quien entregará las “garantías suficientes” para que los indígenas puedan seguir luchando por los derechos de su pueblo.
Los cuatro reos forman parte de los más de 30 internos que el año pasado mantuvieron una huelga de hambre de 80 días por las mismas demandas y también de mejores condiciones carcelarias.
Este miércoles, las autoridades penitenciarias de la región habían esgrimido “razones médicas” para separar a los cuatro presos, pero al final de la jornada de hoy fueron trasladados nuevamente al Hospital de Victoria, desde donde habían sido cambiados en contra de su voluntad.
La primera señal de que éstos volverían a juntarse la dio el Ejecutivo cuando Lorena Fríes precisó que había un “compromiso explícito” de La Moneda de volver a reunir a los cuatro mapuches.
Más tarde, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, pidió al Gobierno “que actuara con prontitud” para salvarle la vida a los cuatro comuneros en huelga.
Los mapuches iniciaron el ayuno el pasado 16 de marzo, en demanda de un “juicio justo”, tras ser condenados a penas de entre 20 y 25 años de prisión por el ataque a un fiscal y el asalto a un agricultor.
El ataque contra el fiscal Mario Elgueta, que investigaba delitos relacionados con el conflicto abierto por las reclamaciones de tierras por parte de comunidades indígenas, ocurrió en octubre de 2008 y la investigación apuntó a la Comunidad Arauco Malleco (CAM), una de las organizacionesmapuches más radicalizadas.
Los comuneros argumentaron que en el proceso se utilizaron en su contra elementos de la ley antiterrorista, como testigos sin rostro, lo que limitó sus posibilidades de defensa.
La Corte Suprema rechazó la semana pasada un recurso de anulación del juicio, aunque rebajó las penas correspondientes al ataque contra el fiscal, de tal modo que Llaitul debería pasar 14 años en la cárcel en lugar de 25 y los otros comuneros un total de ocho años en vez de 20 años.
Tras esta determinación decidieron proseguir la huelga de hambre tras no lograr la anulación del juicio, mientras el pasado lunes cuatro de sus familiares se unieron a la protesta.
Pamela Pessoa, esposa de Héctor Llaitul, dijo esta noche al diario electrónico “El Mostrador” que “para seguir luchando por todos los derechos del pueblo mapuche se decidió conformar esta mesa con la mayor instancia a nivel internacional que es el alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Américo Incalcaterra”.
“También estarán presentes el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, la Iglesia católica, la Conferencia Episcopal, la pastoral mapuche, Millaray Garrido, esposa de José Huenuche, vocera de los comuneros y Natividad Llanquileo”, añadió Pessoa, quien también será parte de esta comisión.
