Con la oposición cerrada de la izquierda y las autonomías, el socialismo y los conservadores se unieron para enmendar la Constitución bajando el déficit y elevando el piso de endeudamiento, sin llamar a referéndum.
La Cámara baja de España aprobó ayer una reforma de la Constitución para limitar el déficit público y elevar el techo de la deuda. En las calles de Madrid, ayer se cumplió la cuarta jornada de movilización del 15-M contra la reforma, al grito de “¡No es democracia, es mercadocracia!”.
El texto de la nueva Constitución impulsado por el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) incorpora como principio básico la obligación del Estado, las regiones y los municipios de garantizar la estabilidad presupuestaria y deja para una futura ley orgánica la fijación de un límite máximo al déficit público de un 0,4 por ciento del producto bruto interno, que entrará en vigor en 2020.
La aprobación de diputados se logró con los votos del PSOE, el conservador PP y la Unión del Pueblo Navarro (UPN). El proyecto de reforma constitucional será sometido el próximo miércoles a la votación del Senado, donde su aprobación también está garantizada. Los diputados de los partidos minoritarios de izquierda protestaron contra la reforma ausentándose durante la votación, mientras que los nacionalistas catalanes de CiU y los vascos del PNV se quedaron pero no votaron. Estos dos partidos ven en la reforma un instrumento de intervención en la autonomía de sus regiones.
Con la reforma constitucional, el PSOE y el PP pretenden enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros, que en agosto habían intensificado su acoso a España, a tal punto que el país se vio amenazado por el peligro de tener que solicitar un plan de rescate. Durante el debate previo a la votación, el jefe del grupo parlamentario del socialismo, José Antonio Alonso, aseguró que la reforma ayudará a la sustentabilidad y solvencia de la economía española.
El dirigente socialista negó que la reforma implique recortes al gasto social, tal como sostienen el partido Izquierda Unida (IU), los principales sindicatos y varias organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento 15-M de los “indignados”. Izquierda Unida reiteró la demanda de que la reforma sea sometida a un referéndum, reclamo compartido por muchas organizaciones extraparlamentarias y anunció que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional para pedir la anulación de la medida, que la izquierda española considera como una claudicación al neoliberalismo.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defendió la tramitación por la vía rápida de la reforma, casi sin debate y descartando de antemano la celebración de un referéndum. El argumento fue que el cambio de la Constitución era urgentemente necesario para evitar un nuevo acoso de los mercados a España. El PSOE y el PP utilizaron su mayoría parlamentaria conjunta para que la reforma fuese tramitada por vía de urgencia y esté lista antes de que las dos Cámaras del Parlamento se disuelvan el 27 de septiembre, de cara a las elecciones generales anticipadas del 20 de noviembre.
El pleno en el que se votó la reforma constitucional se celebró mientras en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en Madrid, se manifestaban decenas de indignados, que rechazan la medida y exigen la celebración de un referéndum sobre ella. Por su parte, las dos centrales sindicales mayoritarias –Ccoo y UGT– convocaron para el próximo martes, 6 de septiembre, una gran manifestación de protesta en Madrid. Mientras tanto, el movimiento 15-M llevó a cabo ayer diferentes acciones a lo largo del día en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. “La Constitución debe proteger a los ciudadanos, no tranquilizar a los mercados”, decía una pancarta.
